Gobiernos adoptan medidas para limitar las actividades de las Ongs

Activistas de Greenpeace muestran una pancarta frente a la sede del Gobierno en Hong Kong esta semana. RICHARD A. BROOKS AFP/GettyImages


Pekín acaba de aprobar una ley que somete a control policial y restringe las actividades de las ONG extranjeras. El partido comunista chino es poco original. La norma se suma a una robusta corriente internacional, que protagonizan una legión de gobernantes recelosos de las injerencias extranjeras y que temen a una sociedad civil con inédita capacidad para organizarse gracias a la tecnología. Más de medio centenar de países han adoptado en los últimos cinco años medidas para cercenar la actividad de ONG y grupos de defensa de los derechos humanos, convertidas ahora en la temida amenaza de los autócratas del siglo XXI. “Hay una tendencia global: a los Estados les asusta la sociedad civil”, advertía recientemente el relator de Naciones Unidas para el derecho de reunión, MainaKiai. Asia, África, América Latina y la esfera post soviética son los principales escenarios de la gran regresión.


“Asistimos al mayor esfuerzo conjunto de Gobiernos desde los años ochenta. Las leyes restrictivas forman parte de un fenómeno profundo que marca el fin de la apertura de los noventa y el estancamiento democrático. Es un momento de redefinición del equilibrio entre el ciudadano y el Estado y los autócratas están ganando la batalla”, estima desde Washington Thomas Carothers, vicepresidente de estudios del Carnegie Endowmentfor International Peace. Carothers calcula que en los últimos cinco años, más de 50 Gobiernos del mundo han adoptado medidas restrictivas contra organizaciones no gubernamentales. Egipto, India, Rusia o Etiopía son además de China algunos de los países que se afanan en ponen trabas a las actividades de las ONG.

 “Los Gobiernos han pasado de ver a las ONG como organizaciones bondadosas a vivirlas como una amenaza porque los ciudadanos ya no protestan a través de partidos políticos sino con movimientos sociales que se oponen a las élites. A los autócratas les da pavor levantarse un día, mirar por la ventana y encontrarse a miles de personas exigiendo que se vaya en una protesta organizada la noche anterior por Facebook”, termina Carothers.
Kenneth Roth es el director de Human RightsWatch, la gran organización de defensa de derechos humanos y coincide en que atravesamos una etapa regresiva, que atribuye en parte a la eclosión de las redes sociales y a la ansiedad de los gobernantes que temen perder el control. “Censurar la prensa tradicional era mucho más fácil. Maidan, Tahrir, Occupy Central, Hong Kong… la posibilidad de que la gente se organice aterra a los regímenes autoritarios que se sienten cada vez más débiles”, explica por teléfono desde Nueva York.


Dejar sin fondos a las ONG restringiendo la entrada de financiación extranjera es uno de los métodos más empleados. Ante la falta de financiación interna, en países donde no hay tradición filantrópica y escasean las subvenciones, muchas se ven obligadas a echar el cierre. Otros métodos consisten en no conceder licencias de apertura a organizaciones, inundarlas de requisitos burocráticos, o intimidar e incluso encarcelar activistas.


Los métodos varían, pero el objetivo es siempre el mismo: acallar las voces críticas una vez que las oposiciones políticas han sido convenientemente domesticadas. “Resulta irónico que los mismos Gobiernos que piden ayuda extranjera e inversiones frenen los fondos que llegan a sus ONG. Las grandes fundaciones privadas y las agencias de desarrollo de Gobiernos occidentales tienen cada vez más problemas para hacer llegar sus donaciones”, asegura Roth.
Los estudiosos de los derechos y libertades coinciden en apuntar a las primaveras árabes como el shock que aún reverbera en los palacios de Gobierno de medio mundo. Aquella fue, explican, la gran constatación de que ningún Gobierno está a salvo. “Los autócratas de todo el mundo vieron cómo líderes que llevaban décadas en el poder cayeron de un día para otro y se dieron cuenta de que también podía pasarles a ellos”, explica desde Londres James Savage, del Fundfor Global Human Rights. Este investigador cuenta hasta un centenar de leyes propuestas o en vigor que afectan al registro, la financiación y las operaciones de las ONG en el mundo y alerta de que la seguridad nacional y la amenaza terrorista se ha convertido para muchos países en coartada para actuar contra las organizaciones de la sociedad civil.

 

Más nacionalismo

Las revueltas árabes coinciden con un cierto resurgimiento de los nacionalismos y un repliegue identitario que pasan por rechazar lo que venga de fuera. Temen que el ideario de las llamadas agendas occidentales —derechos de las mujeres, medioambiente, LGTB…— prendan y contaminen sus sociedades. “Es una reacción psicológica casi natural de los autócratas pensar que sus ciudadanos no les pueden rechazar, que tiene que haber una mano extranjera detrás instigando revueltas”, cree Carothers.

El ensanchamiento de las clases medias en países como China ha contribuido también a que ciudadanos no tengan que dedicar toda su energía en subsistir cobren mayor conciencia de sus derechos y crezcan sus expectativas. Las redes sociales les sirven en bandeja la información y la posibilidad de organizarse. Eso es precisamente lo que los gobiernos autoritarios parecen dispuestos a evitar a toda costa y a golpe de decreto.

DINERO EXTRANJERO CONTRA LOS INTERESES DEL ESTADO

Estos son algunos de los países en los que la actividad de las organizaciones civiles ha sido recortada:
-China. La recién aprobada ley que controla a las ONG extranjeras permite a la policía inspeccionar las cuentas, interrogar a los empleados y cerrar sus oficinas. Los grupos extranjeros no podrán participar en actividades políticas o religiosas, ni recibir donaciones de ciudadanos chinos ni reclutarlos como miembros.


- India requiere autorización oficial a fundaciones y agencias gubernamentales extranjeras que quieran financiar proyectos en el país. Greenpeace vio cómo su permiso para recibir fondos extranjeros quedaba revocado después de que los ecologistas mantuvieran una posición crítica con la minera y la energía nuclear. En 2015, el Gobierno canceló el registro de 10.000 ONG para recibir dinero exterior, según los datos recopilados por el instituto Carnegie de Washington.


-Egipto. Naciones Unidas ha alertado de que la ola represiva que atraviesa Egipto pasa también por el cierre de numerosas ONG, la congelación de fondos y la detención de defensores de derechos humanos a los que se acusa de recibir financiación extranjera con fines ilegales. La revisión del código penal castiga con penas de cárcel la recepción de fondos extranjeros con el fin de cometer actos contra los intereses del Estado.


-Rusia aprobó el año pasado una ley que permite declarar “indeseables” a ONG extranjeras que supongan “una amenaza para la capacidad de Defensa o la seguridad del Estado, o bien al orden público o la salud pública, con el fin de defender las bases del orden constitucional, la moral y los derechos e intereses legales de otras personas”. Castiga incluso con penas de prisión a quienes colaboren con ellos.


-En Etiopía la legislación limita la financiación de ONG y somete a estricto control el registro. Las organizaciones que reciban más del 10% de sus recursos de fuera, verán restringida enormemente su capacidad de actuación. 


-Hungría. El Gobierno húngaro acusó a Noruega de financiar a la oposición política a través de donaciones a organizaciones de derechos humanos. Varias ONG sufrieron auditorías exhaustivas, redadas e incluso investigaciones policiales.


-Israel. Una propuesta legislativa obliga a ONG que reciben fondos de países e instituciones extranjeras a informar de las donaciones que reciben. La medida afecta principalmente a organizaciones críticas con la ocupación de los territorios palestinos.
-Angola emitió un decreto presidencial el año pasado que exige estrictos requisitos para registrar ONG y que prohíbe recibir fondos extranjeros para llevar a cabo actividades consideradas contrarias a los principios nacionales.


-En Ecuador, el presidente Rafael Correa decretó el cierre de la Fundación Pachamama dedicada a los derechos indígenas y ambientales, creando un ambiente de desconfianza hacia las organizaciones que reciben fondos extranjeros.

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