Erradicar el matrimonio de menores será un reto

Decenas de mujeres adolescentes en la provincia son obligadas a casarse, según los padres de las menores, es una tradición del pueblo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

 

Luego  de que el Congreso aprobó el decreto 8-2015 para elevar la edad legal de matrimonio a 18 años, los casamientos entre menores de edad continuaron, ya que se usó la excepción para quienes tienen 16 y 17 años, con el requisito de que contaran con la autorización de un juez. Sin embargo, los registros confirman que  la misma ley no se cumplió, ya que incluso se reportaron  casos de  niños de 13 y 14 años.

Por Geldi Muñoz Palala / Guatemala

Ante la insistencia de organizaciones, el pasado jueves los diputados acordaron eliminar la excepción, mediante el decreto 13-2017.

Según  datos proporcionados por integrantes de la Mesa a Favor de las Niñas y Adolescentes, el Registro Nacional de las Personas (Renap), desde noviembre del 2015 —después de aprobar el decreto— hasta el 3 de agosto pasado, ha inscrito dos mil 221 matrimonios de adolescentes de entre 16 y 17 años. De este total, solo 526   contrayentes son  adolescentes hombres.
 
En nueve matrimonios, los esposos les llevan  más de 25 años a  las adolescentes. Uno de estos ejemplos con mayor diferencia de edad se dio en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, donde una joven de 16 años se casó con un hombre 42 años mayor.

Al ver los casos en que no aplica la excepción; es decir, la edad de 13 a 15 años, se han inscrito mil 115 matrimonios.

Durante  ese período no se reporta ningún  adolescente hombre de 13 años, solo uno  de  14 años, autorizado en el 2015, y 12 casos de menores  de 15 años autorizados en el 2016.

Hay que sensibilizar e informar 

Valeria Montúfar, asistente técnica de la Asociación Paz Joven  e integrante de la Mesa a Favor de las Niñas y Adolescentes, comentó que la prohibición tiene un impacto porque ya no se podrán aprobar matrimonios de menores de edad, y tanto el notario como el Renap deben verificar la edad de los contrayentes antes de  registrarlos.


Refirió que será un reto  que se implemente, por lo cual se debe divulgar la ley, porque con la excepción hubo incumplimiento.
En relación con las uniones de hecho, comentó que las causas son las mismas que las de los matrimonios forzados, como la pobreza y las ideas de que la mujer está destinada a casarse y a ser madre.

“Así como es difícil lograr que la normativa se cumpla, igual es difícil evitar que se den las uniones de hecho; es decir, que no es que vaya la ley a causar más casos, estos se van a seguir dando porque todavía hay muchas causas estructurales que son condiciones para que eso suceda”, indicó.

Agregó que sobre esos factores se debe trabajar y una  herramienta es este decreto.

Montúfar enfatizó que se debe sensibilizar a la población de que  los adolescentes tendrían que estar gozando de todos los derechos y   otras garantías que el Estado les debería  proporcionarles.
 

Se requiere  divulgación y monitoreo.

Mirna Montenegro,  del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar), considera que eliminar la excepción es un avance en el marco de los derechos de los niños, pero  las más beneficiadas son las mujeres.

Comentó que  la justificación para casar a las menores ha sido el embarazo, sin importar que se unan en matrimonio con el violador.

Señaló que haber eliminado la excepción de matrimonio en menores de edad no resuelve el problema, pero sí es un paso  adelante que ya no se pueda casar antes de los 18 años a las niñas.

Para Montenegro  tampoco implica que se vayan a reducir los embarazos y violaciones. Indicó que ahora buscarán proponerle al Congreso  divulgar la ley  en  todos los espacios e implementar   un programa de monitoreo para ver cuál será el comportamiento arnte el decreto en algunas  poblaciones, a fin de verificar si se reducen  los matrimonios y el registro de embarazos en menores de edad, o ver  si hay más uniones de hecho que anteriormente.

Enfatizó que el decreto,  como política pública, va a requerir un monitoreo.


Señaló que la ley no se refiere a la unión de hecho, por lo que se debe  hacer un trabajo fuerte, multisectorial y multidisciplinario para prevenir embarazos en adolescentes

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